des-Concierto

El pasado fin de semana se realizó en Caracas un concierto gratuito denominado "Canto para el Pueblo", en el aeropuerto de La Carlota (Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda).

El protagonista principal del concierto fue el polémico Calle 13; pero también estuvo el grupo Molotov; la Dimensión Latina; el grupo cubano Orishas y otros más. Según me enteré después, hubo varios grupos que no pudieron cantar, entre ellos los conocidos Servando y Florentino.

Lo sorprendente de que no cantaran Servando y Florentino es que el concierto era en homenaje a Alí Primera, padre de los cantantes mencionados. Desorganización, malos tratos, preferencias con los artistas foráneos marcaron una jornada que debía ser todo lo contrario.

Pero el concierto igual se realizó, quienes asistieron pudieron disfrutar a Calle 13, Molotov y demás artistas. Además, hubo transmisión en directo de Venezolana de Televisión para quienes no asistieron.

Sin embargo, nada es perfecto. Y menos si es organizado por el gobierno para ganarse unos puntos en las encuestas a punta de circo.

La conducta discriminatoria que es marca de fábrica del chavismo también se come a sus propios hijos. Uno de los grupos de artistas revolucionarios, llamado "Dame pa´matala", que tiene entre sus integrantes a William Moreno, uno de estos personajes conocidos de la TV gubernamental.

Resulta que a su grupo no lo dejaron subirse a la tarima, vaya a saber usted por qué razones. Hay que reconocer que eso no está bien y punto. Tampoco es buena noticia que no hayan cantado los hijos de Alí Primera, quienes además han tenido reconocimiento internacional.

Pero falta más... después que se fueron, tomaron la vía de la Autopista Regional del Centro. Allí fueron atracados y despojados de todos sus instrumentos musicales. Eso, por supuesto, es peor todavía.

Inseguridad, discriminación, torpeza... esa es la huella del chavismo que nos cae a todos por igual, seamos o no "revolucionarios", seamos o no amantes de Chávez o "agarradores de línea" como ese señor que se lamenta por las cosas que no debieron sucederle.

Pero ojo. No debió sucederle a ellos, pero tampoco a nadie más.

Así estamos.

Dulce Nombre de Jesús de Petare

Con ese nombre se fundó una población en las cercanía de Caracas, a comienzos del siglo XVII. Ese poblado terminó convirtiéndose en una de las parroquias del área metropolitana de Caracas, específicamente del municipio Sucre.

Muchas cosas se dicen sobre Petare, unos mitos, otras verdades: se calculan más de 2000 barrios en ese sector de la ciudad, con una de las tasas de violencia más elevadas de América Latina. De hecho, se dice de Petare que es la barriada con más población del continente. No se si es cierto, considerando que Brasil y México tienen importantes cordones de pobreza en sus principales ciudades.

En fin. Esta mañana, Petare amaneció paralizada por una protesta de motorizados -motociclistas, en otras latitudes-.

La razón fue el asesinato de un "mototaxista" ocurrida el fin de semana. Una muerte más. La número sesenta y uno, si hemos de creer al siguiente reportaje hecho en el blog "El Guardián Católico", reseñado por Noticiero Digital:

La inseguridad y la violencia en Venezuela han cobrado la vida de más de sesenta trabajadores motorizados. La escasez de repuestos para motos de baja cilindrada es una de las causas. Un grupo de trabajadores “moto taxistas”, cerraron este lunes las adyacencias de la Redoma de Petare, avenida principal de La Urbina y Francisco de Miranda, en protesta por la muerte de un compañero ocurrida este fin de semana.

La protesta se llevó a cabo desde las seis de la mañana, aproximadamente, frente al Comando de la Guardia Nacional, ubicado en cercanías del Metro en Petare. Los manifestantes, acompañados de familiares y amigos del fallecido recorrieron con el féretro parte de la avenida Francisco de Miranda, hasta el sector conocido como “El Muro”.

Colocaron la urna sobre dos motos y comenzaron dar vueltas a su alrededor, tocando las bocinas y levantando “caballitos”; con ello, este gremio de motorizados rindieron homenaje póstumo a la nueva victima de la inseguridad que se vive en Venezuela.

Un hombre trabajador, Ricardo Vargas del Frente de Motorizados del Municipio Sucre, denunció la inseguridad que viven los “moto taxistas”. “Queremos que retomen las mesas de trabajo con los organismos de seguridad para buscar una solución a la inseguridad en el municipio Sucre", afirmó a un canal del Estado.

“Queremos dejar constancia de que se trataba de un hombre trabajador que día a día se ganaba el sustento con su motocicleta”, dijo, al tiempo que indicaba que “su muerte nos ha causado indignación y consternación”.

Así también, otros compañeros le exigieron al Gobierno Nacional más atención a la seguridad de los ciudadanos, “porque este es un grave problema que afecta a todos”.

Una de las causas de estas muertes es el robo de las motos ante la escasez de repuestos, comentaron algunos “moto taxistas”, según han reportado algunos medios de información del país.

Los “mototaxistas” esperan con esta protesta que sus requerimientos sean atendidos y que las autoridades locales y nacionales se sienten a dialogar con ellos para buscar una solución.

Con respeto por la muerte de otro ser humano, debemos decir que todos somos motorizados, todos padecemos el mismo irrespeto por la vida y el mismo trauma de no saber si llegaremos vivos en las noches o si los nuestros sufrirán los embates del hampa. Todos somos parte de este sufrimiento cotidiano y de esta zozobra enfermiza.

Este video viene del mismo blog:

Respuesta de COFAVIC

Por fortuna, no todo el país está anestesiado. Aún quedan algunas rendijas por donde se cuela un poco de sensatez y sentido común.

Me refiero a los datos mostrados el viernes por la Fiscalía General de la República y reseñados acá bajo el título "El número del día".

El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), reaccionó ante lo brutal de las cifras. A través de su directora Liliana Ortega, reconocida activista por los derechos humanos, se manifestaron así:

La directora de la organización pro derechos humanos, Liliana Ortega, expresó preocupación por el hecho de que estas cifras, y otras publicadas anteriormente, no hayan provocado una reacción en la ciudadanía.

"Hay una enorme tolerancia social frente a este tipo de crímenes, que se hace en el marco de un especie de "limpieza social". Frente al tema de la inseguridad pareciera que en diversos sectores comienzan a aceptar este tipo de situaciones, lo cual es muy grave. Se comienza a ver que esto (los ajusticiamientos) pueda ser una salida, una solución al problema y no se dan cuenta que cada vez que ocurre una violación de derechos humanos esa violación no solo victimiza al directamente afectado sino a toda la sociedad", replicó la abogada.

Interrogada sobre los motivos por los cuales este tipo de situaciones continúa repitiéndose, pese a los anuncios gubernamentales de depuración de las policías, Ortega señaló: "Hay varios problemas: La impunidad, que tiene su origen en una falta de investigación independiente; también está el déficit institucional que en Venezuela se está haciendo cada vez más profundo y politización de las policías. Esto genera obviamente una situación de indisciplina y de falta de regulación que lamentablemente ha dado como origen esa gravísima situación de ejecuciones"...

... "En la mayoría de los casos hemos venido encontrando que el control del sitio del suceso está en manos del cuerpo policial del cual podrían estar involucrados los presuntos responsables", indicó, al tiempo que reveló que en los casos que han conocido pasados tres meses de los hechos es que se practican las primeras experticias, lo cual obviamente afecta la buena marcha de la averiguación.

Reclamó que las investigaciones por abusos policiales no se guíen por los instrumentos internacionales, tales como el Protocolo de Estambul, norma que dicta las pautas para castigar los casos de tortura.

Asimismo Ortega cuestionó que un porcentaje mayoritario de los funcionarios investigados sean sobreseídos o sus causas sean archivadas por la Fiscalía. "Las cifras de nuestros casos revelan que de 10 casos 8 no van a juicio y de los 2 que van en 1 no se mantiene la condena".

URL: http://bit.ly/2bah9

Es decir, estamos jodidos, pero todavía hay quienes se atreven a decirlo. Como comentábamos ayer, las cifras no fueron dadas por ninguna ONG internacional o alguna agrupación golpista o algo parecido.

Las cifras son oficiales. Dadas por la propia Fiscal Luisa Ortega Díaz y publicadas en la página de internet del Ministerio Público.

Es un problema de todos. Que la mayoría no sabemos cuánto nos afecta y menos cómo enfrentarlo. Por eso, las voces calificadas y serias como las de Liliana Ortega son una orientación y un respiro de sentido común frente a un flagelo que nos pone en una situación precaria en lo que a civilidad se refiere.

El número del día

10.858

diez mil ochocientos cincuenta y ocho

... funcionarios policiales presuntamente involucrados en delitos contra los derechos humanos, cifra que abarca desde el 2008 hasta marzo de 2009.

¡Qué barbaridad! ¡Y estamos hablando de cifras oficiales, dadas por la Fiscal General de la República y publicadas en el site de la Fiscalía!

URL: http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa2205VI.htm

¿En qué clase de país estamos? En apenas quince meses tenemos esa cifra de funcionarios policiales involucrados en delitos!!!! Por el amor de Dios!!!! ¿Alguien puede dar una respuesta coherente ante tamaña barbaridad?

Si desmenuzamos la cifra, nos encontramos con cosas peores:

• Cada mes, en promedio, hubo 724 funcionarios policiales incursos en delitos.
• Cada día, en promedio, 24 funcionarios policiales incursos en delitos.
• Cada hora, un funcionario policial incursos en delitos.

Pero hay más para asustarse. Los 10858 casos se desmenuzan así:

• 755 casos de homicidio.
• 10.103 casos corresponden a otros delitos como lesiones, abuso de autoridad, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tortura, desaparición forzada, acoso u hostigamiento.

Hay más:

"Del total de actuaciones de los fiscales del Ministerio Público por casos de violaciones a los derechos humanos entre enero de 2008 y primer trimestre de 2009, han presentado 942 imputaciones a funcionarios policiales; 741 acusaciones; 146 privaciones de libertad y 22 sentencias condenatorias"

Es decir, apenas el 2.3% de las imputaciones han terminado en sentencias condenatorias.

Más:

155 personas fueron ajusticiadas por funcionarios policiales durante el primer trimestre del 2009. A cincuenta por mes, básicamente. De esos, hay sólo cincuenta funcionarios detenidos.

Así estamos.