Por fortuna, no todo el país está anestesiado. Aún quedan algunas rendijas por donde se cuela un poco de sensatez y sentido común.
Me refiero a los datos mostrados el viernes por la Fiscalía General de la República y reseñados acá bajo el título "El número del día".
La directora de la organización pro derechos humanos, Liliana Ortega, expresó preocupación por el hecho de que estas cifras, y otras publicadas anteriormente, no hayan provocado una reacción en la ciudadanía.
"Hay una enorme tolerancia social frente a este tipo de crímenes, que se hace en el marco de un especie de "limpieza social". Frente al tema de la inseguridad pareciera que en diversos sectores comienzan a aceptar este tipo de situaciones, lo cual es muy grave. Se comienza a ver que esto (los ajusticiamientos) pueda ser una salida, una solución al problema y no se dan cuenta que cada vez que ocurre una violación de derechos humanos esa violación no solo victimiza al directamente afectado sino a toda la sociedad", replicó la abogada.
Interrogada sobre los motivos por los cuales este tipo de situaciones continúa repitiéndose, pese a los anuncios gubernamentales de depuración de las policías, Ortega señaló: "Hay varios problemas: La impunidad, que tiene su origen en una falta de investigación independiente; también está el déficit institucional que en Venezuela se está haciendo cada vez más profundo y politización de las policías. Esto genera obviamente una situación de indisciplina y de falta de regulación que lamentablemente ha dado como origen esa gravísima situación de ejecuciones"...
... "En la mayoría de los casos hemos venido encontrando que el control del sitio del suceso está en manos del cuerpo policial del cual podrían estar involucrados los presuntos responsables", indicó, al tiempo que reveló que en los casos que han conocido pasados tres meses de los hechos es que se practican las primeras experticias, lo cual obviamente afecta la buena marcha de la averiguación.
Reclamó que las investigaciones por abusos policiales no se guíen por los instrumentos internacionales, tales como el Protocolo de Estambul, norma que dicta las pautas para castigar los casos de tortura.
Asimismo Ortega cuestionó que un porcentaje mayoritario de los funcionarios investigados sean sobreseídos o sus causas sean archivadas por la Fiscalía. "Las cifras de nuestros casos revelan que de 10 casos 8 no van a juicio y de los 2 que van en 1 no se mantiene la condena".
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