Chávez contra la prensa libre: ¿queremos más pruebas? (editorial El Comercio, Perú)

Así es el editorial de la edición de hoy de El Comercio, Perú:

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Chávez contra la prensa libre: ¿Queremos más pruebas?

Mientras el autócrata Hugo Chávez utiliza la OEA supuestamente para defender la democracia en Honduras, en Venezuela cada vez son menos los espacios de libertad y democracia. ¿Y qué hacen la OEA y la comunidad internacional ante estos abusos?

En verdad, lamentablemente para los ciudadanos venezolanos y para la subregión, el régimen chavista se parece cada vez más a una dictadura. Aparte de propiciar una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, es innegable que el Poder Ejecutivo chavista ha confiscado muchas atribuciones de los gobiernos regionales y locales, y cuenta con enorme injerencia política y operativa en el Congreso y el Poder Judicial.

La democracia parece ser solo una careta. Lo real e insoportable es que la división de poderes se hace cada vez más difusa en un régimen personalista y populista que conculca cotidianamente los derechos humanos de la oposición y de las minorías.

Lo último, en esta historia de excesos, ha sido la absurda iniciativa presentada al Congreso nada menos que por la fiscal general de Venezuela, para perseguir y penalizar los llamados “delitos mediáticos”, que incluye penas de cárcel para los periodistas.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre este exceso, al afirmar que el proyecto viola el derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y atenta contra el secreto profesional.

Efectivamente, el proyecto contempla sancionar las “acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública”, etc.
¿Y quién decide qué información es veraz e imparcial? ¿Qué se entiende por paz social e instigación? ¿Acaso solo las críticas a Chávez? ¿Qué significa “salud mental o moral” para un régimen que hace tabla rasa de la ética y rechaza la fiscalización?

Este malhadado proyecto forma parte de una escalada contra la prensa independiente. Antes fueron la ley de “información veraz”, el aumento de las penas por delitos de desacato y difamación, la confiscación y el cierre de RCTV y últimamente el hostigamiento contra Globovisión y radioemisoras críticas.

Es obvia la intención de anular los resquicios de libertad de expresión y opinión, lo cual deja sin piso cualquier pretensión de presentarse como un gobierno democrático. Todo esto debe ser denunciado, no solo por las entidades de defensa gremial de la libertad de expresión, sino también por los gobiernos democráticos y sobre todo por la OEA, que no puede esperar que se produzca un golpe de Estado tradicional para pronunciarse.

Hay que reformar la Carta Democrática de la OEA para poder actuar ante señales tan lesivas y preocupantes. La política de apaciguamiento ante un régimen tan nefasto para las libertades democráticas, como lo ha probado la historia, solo lleva a más abusos y más dictaduras.