I Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de estaa Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella. Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Diciembre 2001. Argentina.
Durante los trágicos acontecimientos de diciembre del 2001, donde en menos de una semana hubo tres presidentes (Fernando de la Rúa; Adolfo Rodríguez Saa y Eduardo Duhalde; los dos primeros obligados a renunciar ante la presión de la calle), los argentinos entonaron ese grito de guerra en las calles.
Abril 2004. Ecuador.
En medio de la rebelión popular contra el gobierno de Lucio Gutiérrez (Ecuador), los manifestantes en Quito también gritaban "¡que se vayan todos!".
La revuelta terminó con la huída de Gutiérrez y el ascenso de su vicepresidente Alfredo Palacio al gobierno. Por cierto, Rafael Correa fue ministro de economía durante el gobierno de Palacio.
II
En ambos casos, las sociedades hastiadas de los erráticos manejos políticos tanto de los gobiernos como de las oposiciones respectivas, intentaron buscar la salvación saltando al abismo.
¿Quién, después de todo, puede culpar a los argentinos y a los ecuatorianos? Los argentinos se refugiaron en las viejas manos e ideas peronistas - populistas - socialistas; mientras que los ecuatorianos se refugiaron en el populismo salvaje. Ni unos ni otros encontraron mejores referencias.
Ambas sociedades, ante el abismo, decidieron refugiarse en lo "malo conocido pero con nuevas caras".
Probablemente ese mismo dilema fue el que arrastró a los peruanos a reelegir a Alan García en vez de Ollanta Humala. Allí se escogió el "mal conocido" en vez del "mal conocido con nueva cara". Bolivia, cuando elige y confirma en referendum a Evo Morales lo hace -creo- porque representa la última oportunidad medianamente pacífica de lograr algún cambio. Es el último dique antes del desastre definitivo.
III
¿Y Venezuela? Venezuela es otro capítulo más de la historia grande de la América Latina. Sin dudas, caso de estudio para muchos, caso de dolor para otros tantos.
Nuestro país está de nuevo ante el abismo. Pero las respuestas de los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, revelan una pobreza descomunal de ideas y de soluciones. En este momento, ni los actores del gobierno ni las caras visibles de la oposición están en capacidad de manejar un país que se les fue de las manos hace tiempo.
Por increíble que parezca, el gobierno aplicó mediante 26 decretos-leyes las disposiciones contenidas en la reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez y por la Asamblea Nacional, que fue derrotada en diciembre del 2007 en referendum. Decretos - leyes que tocan aspectos fundamentales de la Constitución vigente (1999), transformándola ilegalmente.
Al respecto, nuestra Constitución vigente dice lo siguiente:
Como el gobierno no puede presentar otra propuesta de reforma constitucional en este período (2007-2013), recurre al exceso de la aprobación inconsulta de decretos-leyes.
Artículo 345. Se declarará aprobada la Reforma Constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. La iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.
Lo cual es evidentemente anticonstitucional. Lo cual conforma las bases para exigir el restablecimiento del Estado de Derecho.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Pero para exigir respeto a los derechos, hay que estar claros en qué es lo que se quiere. Esa claridad de objetivos a corto, mediano y largo plazo es uno de los déficits más asombrosos que tiene el liderazgo opositor venezolano.
A casi un mes del madrugonazo jurídico, aún no se ha articulado desde ningún frente una respuesta firme y contundente.
De hecho, el primer campanazo de alerta para el país debió haber sido que a todos los personajes, partidos y organizaciones opositoras los agarró desprevenidos este madrugonazo. Nadie advirtió ni previno que el gobierno trabajaba en las sombras para lanzar el zarpazo. Ya de por sí, eso nos habla de la incompetencia, la falta de visión o la "convivencia" entre algunos sectores políticos opositores con el gobierno.
El segundo campanazo de alerta para el país es que hasta ahora no se ha podido armar una agenda mínima entre los liderazgos nacionales, de cara al restablecimiento de la Constitución vigente. Iniciativas aisladas hemos tenido: el Movimiento Estudiantil; el Movimiento 2 de diciembre y algunos gremios profesionales. Ninguna de ellas, hasta este momento, ha logrado captar la atención de los venezolanos, quienes seguimos de vacaciones y viendo los Juegos Olímpicos.
El tercer campanazo de alerta es la increíble miopía del liderazgo político, entrampado en las elecciones regionales del próximo 23 de noviembre. Al respecto, nos han dicho varias cosas:
- Que es imperativo recuperar "espacios" políticos en el país, en forma de concejos legislativos; alcaldías y gobernaciones.
- Que esos espacios recuperados nos permitirían en el 2009 estar más y mejor preparados para las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional (donde también se recuperaría la pluralidad).
- Que esas elecciones serán la respuesta del pueblo ante el abuso de las 26 leyes.
¿Recuperar concejos legislativos, alcaldías y gobernaciones nos va a permitir estar mejor preparados para combatir el gobierno? No necesariamente.
Entre los años 2001 - 2004, la dirigencia opositora controlaba un número importante de alcaldías y gobernaciones. Algunas emblemáticas que recuerdo: Enrique Mendoza (gobernador de Miranda); Henrique Salas Feo (gobernador de Carabobo); Manuel Rosales (gobernador del Zulia); Eduardo Lapi (gobernador de Yaracuy); Alfredo Peña (Alcaldía Metropolitana). Eduardo Manuitt; Didalco Bolívar y Ramón Martínez eran chavistas a muerte.
Entonces, en ese período ocurrió, con todo ese "arsenal opositor" en cargos claves: la rebelión civil del 11 de abril; el golpe militar contra el gobierno; el contragolpe militar que repuso a Chávez; el referendum revocatorio y elecciones regionales en donde se perdieron todos esos "valiosísimos" espacios de poder.
¿De qué valieron en ese momento todos los fulanos "espacios"? Absolutamente de nada.
Claro, dirán que las condiciones son diferentes ahora... pero, ¿qué nos hace pensar que ahora estamos en mejores condiciones frente al despotismo acentuado del gobierno? ¿acaso creemos que las alcaldías y gobernaciones seguirán siendo los mismos "espacios de poder" que eran? ¿Acaso no sabemos que el presidente designará autoridades supraregionales, por encima de alcaldes y gobernadores?
También me pregunto, ¿por qué hay que esperar hasta noviembre para responderle al gobierno? ¿No es demasiado tarde noviembre?
Seríamos demasiado pendejos si no nos damos cuenta de la trampa tanto del gobierno como de la oposición política: el gobierno pone a la dirigencia opositora en el dilema de escoger entre los cargos de noviembre o los decretos-leyes. La oposición recoge el guante y peleará por los cargos como una forma de protesta por los decretos-leyes. Lo cual es un error. Con esa lógica, el próximo año nos quejaremos del decreto que permita al presidente la reelección indefinida votando por Gerardo Blyde; Herman Escarrá; Claudio Fermín; Julio Borges; Yon Goicoechea; Henry Ramos Allup; Liliana Hernández y demás para la Asamblea Nacional (con lo cual no se resuelve el problema de fondo)... eso sí Clodosbaldo, el Contralor, así lo permite.
Y así, ad nauseam... hasta que los venezolanos, hartos del pantano en el que se revuelcan tanto los gobierneros como los opositores, nos lanzaremos al abismo de una buena vez y diremos a voz en cuello:
Artículo 350
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